La escalada del conflicto estudiantil en Chile

Luego de meses de protestas, manifestaciones, más o menos multitudinarias, toma de colegios, amenazas de bombas, lo que sucedió ayer con la toma de la sede del Congreso en Santiago cuando el Ministro de Educación Felipe Bulnes, se encontraba reunido en la subcomisión mixta de Presupuesto sobre Educación para el 2012, pasó los límites de lo que la cultura de los chilenos permiten sobre el trato a la autoridad.
Esto lo digo porque los chilenos son diferentes en ese sentido a los argentinos. La investidura del cargo público es respetada. Y aún cuando el reclamo sea legítimo por parte de los estudiantes, el límite es el respeto a las instituciones y los funcionarios.
Lo que empeoró la situación de ayer fue que el Presidente del Senado Guido Girardi (PPD) no permitió el ingreso de los carabineros para el desalojo de los manifestantes, siendo el más perjudicado, insultado sea el Ministro Bulnes. Si bien políticos de partidos de la oposición criticaron los medios violentos que impiden el diálogo quedan en la ambigüedad de criticar tanto las tomas como la represión hacia los estudiantes. Incluso varios de los honorables diputados de la oposición se esforzaron enérgicamente en impedir el paso de los carabineros contra los manifestantes (quienes recibieron una denuncia por maltrato de la institución de carabineros).
Durante todos estos meses se ha intentado deslegitimar la demanda de los estudiantes a causa de los actos de violencia y vandalismo que se producen en las manifestaciones públicas donde alzan a viva voz sus demandas de reforma del sistema educativo.
Los estudiantes están organizados y eso es algo de destacar del sistema chileno, el tema de las federaciones y confederaciones de estudiantes.
Está claro que la violencia no es el camino, sino el diálogo, sin embargo los cortocircuitos se generan ante la inexistencia de canales institucionalizados que sean eficaces para que las demandas de la ciudadanía sean escuchadas y tenidas en cuenta REALMENTE por los que ejercen el poder público que los habilita hacer dichos cambios.
Recordemos que las demandas de los estudiantes chilenos:
1.- Primero, ante todo solicitan transparencia y regulación de las entidades privadas que imparten educación universitaria en Chile, que deberían ser sin fines de lucro y vulneran tal condición desviando fondos a empresas inmobiliarias así como otros mecanismos irregulares. Esta demanda no debería haber objeciones por parte del gobierno para tomar medidas al respecto, sin embargo está entrelazado con un tema de fondo, que es que la educación universitaria es una de las más caras del mundo, según informes de la OCDE.
2.- Segundo, pero el debate principal está en la crítica al sistema educativo tras las reformas realizadas en 1981 durante la dictadura de Pinochet, que son fundamentalmente la imposición del arancel a la universidad pública y la descentralización de la educación básica y media encargada a los municipios. A partir de entonces, con la educación en manos de los municipios ha empeorado su calidad especialmente en aquellos con menores recursos, quienes consecuentemente obtienen un bajo rendimiento académico en la PSU, el examen que permite el ingreso a la universidad.
Al tener bajo rendimiento en dicha prueba y al no contar con universidades públicas gratuitas, ni poder pagar los aranceles inalcanzables de las universidades privadas hay un gran porcentaje de jóvenes que queda excluido automáticamente del sistema universitario.
Algunos pueden acceder a través de créditos con tasas más altas que los créditos hipotecarios, y terminan pagando durante 15 o 20 años su educación universitaria.
Estamos frente a un sistema perverso que perpetua la desigualdad en un país latinoamericano que tiene todo para ser un país desarrollado en 10 años y cuya gran deuda es con su pueblo para hacer una sociedad más justa.
Ahora bien, ya el conflicto está politizado, porque con la propuesta de los 21 puntos del Ministro Bulnes, se estaría respondiendo a las demandas de los jóvenes, sin embargo, ya no aceptan una mera regulación del lucro de las universidades privadas, ni la desmunicipalización de la educación que se prometió hacerlo gradualmente, ni la ampliación del número de becas que otorga el Estado, sino que los estudiantes pretenden estatizar o la gratuidad de la misma.
El apoyo que ha ganado el movimiento estudiantil por parte de la ciudadanía chilena se debe a que el alto costo de la educación, es uno más de los altos costos que pagan los chilenos para servicios que deben cubrir sus derechos básicos, como es además la salud. El sistema chileno es más parecido al norteamericano que a cualquier otro modelo latinoamericano, ni mucho menos al modelo europeo.
En mi opinión, el debate se estanca cuando por un lado el Gobierno hablan de defender una Educación de calidad manteniendo el sistema privado y del otro lado hablan de la garantía estatal del acceso a la Educación, esto es la gratuidad.
Se da también la demanda en el contexto del primer gobierno de derecha luego del retorno a la democracia, por lo que en el imaginario colectivo se lo vincula directamente a la dictadura pinochetista y el pueblo culpa a los políticos hoy en el gobierno por los pecados cometidos en el pasado.
El Gobierno de Piñera no puede bajar más en las encuetas con tanta desaprobación (26% de aprobación), por eso en plena crisis de representatividad, se reclama la realización de un plebiscito que permita solucionar el conflicto que ha ido escalando con el paso de los meses.