Limite a la impunidad de la corrupción en Argentina

Limite a la impunidad de la corrupción en Argentina Micaela Hierro Dori Llegó la hora de replantearse el sistema anticorrupción en Argentina. Aunque los argentinos parecemos ya estar acostumbrados a estos niveles alarmantes de corrupción, me pregunto si ya hemos llegado a ese limite que nos haga reaccionar. Con la remoción de Bonadio de la causa de Hotesur tras el allanamiento de las oficinas de Máximo Kirchner y la remoción de Cabral de la causa que trataba el pacto con Irán por la causa AMIA, debemos reconocer que se activaron todas alertas rojas que nos dicen que el sistema de control y el equilibrio entre los poderes no están funcionando. El presidencialismo exacerbado cruzó todos los límites de la democracia llegando a las puertas del autoritarismo. Esta afirmación se basa en las ominosas actitudes por parte del Gobierno que buscan el encubrimiento de la corrupción erosionando así a la esencia misma de las instituciones democráticas. Instituciones democráticas que son en la prácticas inutilizadas por influencia del Poder Ejecutivo cuando el Poder Legislativo tiene un historial de proyectos de juicios políticos cajoneados por presión del oficialismo, el control de gestión y las investigaciones realizadas por la Auditoria General de la Nación y la Oficina de Anticorrupción no llegan a tener poder alguno de sanción. Al fallar el Poder Legislativo y los órganos independientes en el establecimiento de limites a la corrupción ejercida por el Poder Ejecutivo, nos quedaba tan solo el Poder Judicial como el último vestigio de la división de poderes de la República. Y es aquí lo preocupante de los últimos ataques del Ejecutivo al Judicial. Pues ya no es solo cuestión de que las causas judiciales son postergadas hasta proscribir para garantizar que los funcionarios no sean condenados, sino que ahora cualquier fiscal o juez de la nación que lleven causas con funcionarios del gobierno como implicados, aparecen suicidados, removidos de su cargo o los apartan arbitrariamente de la causa en cuestión. Lo más grave es que en todos los casos, se investigaban directa o indirectamente a la misma Presidente de la Nación. Revaluación del sistema anticorrupción y una nueva cultura política Consecuentemente, debemos ir más allá de la noticia diaria y hacer que la revaluación del sistema anticorrupción del país esté en la agenda pública, en vistas de las elecciones presidenciales de octubre de 2015, las que podríamos considerar una oportunidad para volver a asentar los pilares de nuestra democracia republicana. Es una oportunidad para que no sólo se renueve la clase dirigencial, sino que también la sociedad civil pueda involucrarse aún más en los procesos que logren asegurar la eficacia de la ley y de las instituciones, y que la ciudadanía suba los niveles de intolerancia. Lo que se propone es que desarrollemos una nueva cultura política que influya directamente en el poder de implementación de las leyes y el poder de prevención y sanción por parte delas instituciones. El marco jurídico del sistema anticorrupción actual se debe complementar con la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual permitirá a la sociedad civil tener mayor capacidad de monitoreo de los actos administrativos. El marco jurídico del sistema anticorrupción de Argentina actual incluye la adhesión a la Convención Interamericana contra la Corrupción (996), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Esta última obliga a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones juradas. Sin embargo, tenemos a un candidato a presidente como el actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que lo infringe hace años, hecho que debería inhabilitarlo como candidato o los ciudadanos deberían sancionarlo quitándole el voto de confianza. Daniel Scioli no solo no es sancionado por infringir la ley sino que es el candidato que esta primero en las encuestas. Es oportuno por lo tanto, advertir que la falla del sistema institucional anticorrupción se agrava también por la falta de cultura política de un pueblo que se resigna y no demanda que sus gobernantes cumplan la ley. Argentina necesita un pueblo más indignado y que no se deje manipular por los discursos populistas que despiertan fantasmas del “golpismo” o “crisis institucional” acusando a “intereses corporativos” de ir contra la voluntad del pueblo cada vez que surgen criticas o denuncias de corrupción contra las autoridades electas por el pueblo. Con un alto grado de cinismo las autoridades de este gobierno, con características de un autoritarismo populista, se convierten en intocables por haber sido elegidas por el pueblo, como si no tuvieran que respetar el Estado de Derecho una vez llegando al poder. Se olvidan del mandato que se les fuera encomendado por el voto popular al violar sistemáticamente la ley, al servirse de los bienes públicos como si fueran privados, como si el voto los habilitara para servirse de las arcas públicas en lugar de servir al bien general. Así la soberanía del pueblo es cooptada por quienes ostentan el poder en el periodo entre elecciones y se rompe el pacto social dado que las autoridades electas en vez de proteger a la ciudadanía están vulnerando sus derechos. Podremos tener instituciones que parecieran estar trabajando en el camino para la lucha anticorrupción, tal es Oficina Nacional de Ética Publica (decreto 152/97), Secretaria de Transparencia (decreto 4637/11) pero si la sociedad civil y la ciudadanía en general no recuerda el incumplimiento del marco jurídico que establece el sistema de contratación de funcionarios públicos cuando advertimos los nombramientos discrecionales que han duplicado y triplicado en algunos casos la nomina de empleados públicos en tiempos record, todo queda en una burocracia infértil. Los numerosos casos de funcionarios kirchneristas con causas abiertas por el delito de enriquecimiento ilícito dejan traslucir las grietas existentes en las instituciones que deben asegurar la transparencia de los actos administrativos públicos. La impunidad de los grotescos casos de corrupción de la era kirchnerista como Ciccone, Lazaro Báez y la ruta del dinero K, hacen que los sobornos generalizados para pasar las leyes laborales durante el gobierno de Fernando De La Rúa parezcan un juego de niños. La era Kirchnerista pasó con un nivel alto de impunidad de la corrupción basados en el miedo. Miedo que sufren miembros de la oposición, empresarios, miembros de la sociedad civil, periodistas y hasta artistas que se animaron a criticar o a denunciar a funcionarios K y como consecuencia han recibido amenazas, escraches públicos, inspecciones desmedidas de la AFIP, entre otro tipo de medidas de presión. La corrupción mata La ciudadanía no puede tolerar el “roban pero hacen” como se conoció la era menemista, porque ha quedado demostrado que los actos de corrupción matan, ya sea por el desvío o malversación de fondos, o vínculos con el crimen organizado que trae aparejado violencia derivadas en muertes de inocentes. Un primer ejemplo, es el de Once cuando el desvío de fondos cuyo destino era la inversión en el sistema ferroviario hubiera evitado que hubiese 52 victimas fatales. En segundo lugar, tampoco nos olvidamos de condenar cuando los fondos que deben estar siendo invertidos en prioridades como la educación y la salud se malversan en programas como Futbol para Todos, o en aventuras nacionalistas como Aerolíneas Argentinas. Fondos que podrían ser reinvertidos para evitar cientos de muertes por desnutrición infantil. En tercer lugar, el ejemplo de la nacionalización de los fondos previsionales, en vez de pagar las cuentas de los juicios de los jubilados o asegurar el financiamiento del Estado para inversiones del desarrollo terminan sirviendo al gobierno para el manejo discrecional de los fondos sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y como último ejemplo, las muertes producidas por la nacopolitica en las zonas más vulnerables del país. La herencia de la última década es el enquiste del narcotráfico en el sistema policial y gubernamental, cambiando la naturaleza de la corrupción, necesitando otras herramientas para su erradicación. El narcotráfico se convirtió en una fuente de financiamiento de campañas políticas en algunas provincias, lo cual nos alerta a su vez que la política anticorrupción argentina no es descentralizada, y la coordinación interinstitucional es parcial haciéndola ineficiente en esos casos. La lucha por la democracia en nuestro país esta fuertemente ligada a la instauración de una cultura política de observación de las normas, la defensa de la transparencia. Está claro que la democracia hay que construirla diariamente y sin perder el rumbo pautado por los principios democráticos del Estado de Derecho. El problema se encuentra cuando nos confiamos y nos olvidamos que la construcción democrática es un proceso y la corrupción es un mal latente y permanente propia de la naturaleza humana de todos lo que participación en ese proceso.