Elecciones en El Salvador

La victoria de Nayib Bukele del 4 de febrero era cantada. El 84,6% que le dió la reelección al joven presidente de 42 años, según el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño no sorprendió a nadie. El segundo lugar lo obtuvo Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el 6,4%; y el tercero Joel Sánchez de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con el 5,5%. Una elección con un triunfo contundente que tiene como contraste el dato que sólo el 52% del padrón electoral asistió a las urnas. Por otro lado, el informe de los observadores de la OEA, salvo algunas anomalías y la advertencia de ciertas malas prácticas en la transparencia, confirmaron el resultado. El segundo mandato de 5 años del popular presidente, conocido por reducir la inseguridad, que comenzaría en el mes de junio se da en un contexto regular. Es necesario advertir que la reeleción se da a pesar que el artículo 152 de la Constitución salvadoreña lo prohibía. La candidatura del presidente fue habilitada por una "interpretación hecha" por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para algunos una alevosa triquiñuela legal de los jueces elegidos en el 2021, en pleno gobierno de Bukele. El Congreso tendrá por consecuencia, una mayoría nunca vista en democracia con 58 de 60 parlamentarios. Dificilmente la Asamblea Legislativa cumpla con la obligación del artículo 131 de la Constitución Nacional que los obliga a desconocer al presidente que continúe en el cargo al terminar su periodo. Ya el triunfo de Bukele fue reconocido por los gobiernos de la región y a nivel internacional por lo que, salvo algunas voces de la sociedad civil, nadie cuestiona la legitimidad. Al contrario, la aplastante victoria de Bukele que pulverizó a la oposición en El Salvador es celebrada por muchos, y ese muchos es un cocktail de la nueva derecha, de demócratas que luchan contra el crimen organizado, y de ciudadanos de todas las ideologías que simplemente celebran su "efectividad" en el gobierno. Una de las diversas lecturas que se le puede dar a estos hechos, es que el pueblo eligió sin importar la legalidad del candidato, sin importar lo que decía la Constitución. Y es verdad, que muchas veces la gente elige sin tener en cuenta las instituciones democráticas, sino por preferencias ideológicas, simpatías con el candidato, o por como puede un político cumplir con las demandas de los ciudadanos. Algunas veces esa demanda es de preferencia económica, si la gente está mejor económicamente con un gobierno elige seguir dandole el apoyo. En este caso, el apoyo se da porque Bukele ha pudido cumplir con la demanda tan deseada de los salvadoreños que es la seguridad al reducir la tasa de homicios. Sin importarle, si las 76 mil personas que fueron encarceladas en la lucha contra las pandillas fueron vulnerados sus derechos y garantías del debido proceso o no. Quizás es por el orden de prioridades, si es el derecho de la ciudadanía general o los derechos de los delincuentes algunos dirán. Otra de las lecturas es que la simpatía de ciertas banderas que levanta Bukele como es la defensa de la vida desde la concepción puede confundir a ciertas personas que justifiquen ciertos hechos que van en detrimento de la democracia. Claro que aplaudo al político que defiende la vida, pero me preocupa las versiones de la sociedad civil que habla de presos políticos, detenciones arbitrarias a periodistas, o la vulneración al derecho a la reunión y manifestación. Claro que aplaudo al política que lucha contra el crimen organizado, la corrupción, pero ¿el fin justifica los medios? ¿Había realmente otra manera de hacerlo? ¿Qué nos garantiza que el presidente que Este es un caso que vale la pena debatir: 1. ¿Refleja el gran porcentaje del triunfo un dato de autoritarismo y falta de libertades en El Salvador o simplemente el gran apoyo que tiene el presidente por ser tan eficiente en sus políticas de gobierno? 2. ¿Se puede justificar la vulneración de los derechos de las personas encarceladas culpables de cometer delitos en nombre de la paz social o se está en camino de un autoritarismo? 3. ¿Se puede justificar la vulneración de las instituciones democráticas y violar la Constitución para dar lugar a una candidatura que promete hacer el bien para el país para ganarle a los "corruptos y delincuentes" o ya ese mismos dato lo convierte en un gobierno autocrático? 4. ¿Que vulnera más a la democracia, abusos de poder en nombre de las políticas que imponen el orden social del país o la corrupción y los vínculos con el crimen organizado y las pandillas utilizadas por el poder? 5. ¿El hecho que Nuevas Ideas, el partido político del poder ejecutivo coincida con el 90% del poder legislativo, pone en peligro uno de los pilares de la democracia que es el pluralismo? Se aceptan comentarios y bienvenido el debate.